-PEÑA NIETO Y EL SENADO PREMIA A ALBERTO BAILLERES CON LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ.
-PREVALECE LA COMPLICIDAD Y EL SERVILISMO DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO CON LOS PODEROSOS.
AGRIDULCE. Expresiones y más.
Por el Mtro. José A. ORDÓÑEZ González.
Demeritando los abusos realizados por Alberto Baillères y su familia, como el despojo de recursos de minerías a ejidatarios, fue elogiado y premiado en el gobierno de Peña Nieto, llegando a recibir la medalla del Belisario Domínguez por parte del Senado por sus acciones en pro del país o la humanidad.
Me pregunto, que servicio en pro de México y de la humanidad realizó el señor BAILLERES para merecer tal distinción. Lo evidente es que entre los abusivos y corruptos se premian y vanaglorian burlándose de los mexicanos.
Es menester destacar además, que con la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, el señor BAILLERES y su familia, incursionaron en el sector energético con Energía Eléctrica BAL y Petrobal, cuya firma fue la única mexicana que ganó uno de los campos concesionados por el Gobierno y cuyo director es curiosamente el señor Carlos Arnoldo Morales Gil, exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El ex Magistrado LOYA VALVERDE que falló a favor de los ejidatarios, no fue ratificado en su puesto y posteriormente le impidieron ejercer su carrera por 20 años, al sancionarlo administrativamente.
Al respecto de este tenebroso caso el ex Magistrado dice que él falló conforme a derecho, que el derecho lo tiene el ejido y no la mina. A partir de este fallo, que el Magistrado no fue ratificado en su puesto, le truncaron 20 años de carrera. Ahora su caso está esperando turno en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero el ex Magistrado ahora litiga de forma particular. En las sentencias firmes emitidas en aquel entonces en el 2014, se determina que el oro debe ser regresado a los ejidatarios, así como la restitución de la tierra a su estado natural y el pago de renta por la ocupación ilícita de las tierras.
Como una descarada burla a los ejidatarios afectados, y un año después de que no fuera ratificado como Magistrado, MANUEL LOYA VALVERDE, el mismo Senado otorgaría la Medalla Belisario Domínguez, la máxima distinción a un ciudadano en México, a Alberto Baillères González (fallecido el 2 de febrero pasado), por instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, a la que se sumaron legisladores de PRI y PAN.
Por tratarse de una verdadera afrenta contra los mexicanos, el galardón fue cuestionado en su momento y sentaría un precedente inédito, luego de que por primera vez desde que el Senado creó la presea (hace seis décadas), se rompió la unanimidad, sólo un voto evitó el rechazo y la ceremonia de la entrega fue desairada por la mitad de los legisladores. Algo peor: Se maquinó un fraude para alterar la votación y aumentar el número de quienes se pronunciaron por honrarlo.
El ex magistrado LOYA, en este sentido señaló que este caso ejemplifica lo que sucede en nuestro país, puesto que es claro que el poder económico incidió en su no ratificación y que el poder económico tiene justamente la capacidad de decidir cuáles magistrados se ratifican y cuáles no. Eso quedó muy claro, pues se trató, en su caso, del mismo momento histórico, es el mismo Senado, con lo que se observa claramente una incidencia del poder económico en el gobierno.
Para empeorar las cosas, en 2016, el Tribunal Agrario #28 le asignó a Rafael Pavlovich Durazo, tío de la Gobernadora Claudia Pavlovich, mil 824 hectáreas de tierras dentro del ejido; dotación que fue anulada en el mismo año. No obstante, los dueños auténticos, los ejidatarios fueron acusados de despojo y algunos de ellos, como Erasmo Santiago, pasaron hasta un año y medio en la cárcel. Ante la falta de pruebas, finalmente fueron liberados.
En el Ejido había 40 familias viviendo ahí y se quedaron dos, los demás fueron desplazados de manera forzosa. Sus casas fueron destruidas, había incursiones al ejido de grupos armados. Dice Jesús Javier Tomás, uno de los afectados.
De forma reiterada aparecían siete u ocho camionetas con cuatro o cinco civiles armados cada una. En alguna ocasión, dijo, llegaron a levantar hasta 12 familias, se las llevaban en medio de la noche.
En todos esos eventos nada más los golpeaban, se llevaban a mujeres, niños, ancianos, a cualquiera. Los dejaban en las vías del tren a 40 o 50 kilómetros de donde los habían levantado, que era el poblado ejidal.
Esos levantones tenían el objetivo de amenazar a las personas, para que se fueran del ejido. Muchas familias se fueron, buscaron refugio en municipios vecinos como Puerto Peñasco, San Luis de Colorado, a Mexicali se fueron otros. En el ejido únicamente quedaron dos familias.
Se han interpuesto denuncias y jamás hacen nada. Les han robado varias veces carros, los han golpeado, encarcelado y asesinado a alguno de los ejidatarios, inclusive en la actualidad dos de ellos están en calidad de desaparecidos.
El presidente ejidal en ese entonces, José de Jesús Robledo Cruz, ya había sido levantado en 2017, lo sacaron del ejido, no supieron más de él porque lo tiraron a muchos kilómetros del ejido, lo amenazaron con matarlo si regresaba, entonces él mejor se fue.
En 2020, se atreve otra vez a regresar. Ya no al poblado donde tenía su casa, sino al ejido en medio de la nada y ahí está por unos meses hasta que vuelve a ser levantado, pero esta vez sí fue asesinado junto con su esposa. Junto con los cuerpos de él había una cartulina donde venían los nombres de todos los demás ejidatarios que están en resistencia, venían el nombre de otros 11 compañeros, incluyendo dos que ya habían sido asesinados.
Los ejidatarios de El Bajío se han mantenido en la lucha. Piden que se cumplan con las 67 sentencias, lo cual sería algo histórico, no sólo para México, un país marcado por la devastación, el despojo y las malas condiciones a las que la minería expone a sus trabajadores, sino para toda América Latina, en donde estos abusos se repiten de un país a otro.
En la actualidad, las tierras están en manos de los ejidatarios, que lograron el desalojo de la Guardia Nacional que les impedía el acceso a sus tierras el 26 de marzo de 2020 tras una protesta que realizaron en Palacio Nacional. Hasta el gobierno de la 4T con la Guardia Nacional defendiendo los intereses de la familia Bailleres; un total descaro.
El representante ejidal Jesús Javier Tomás, recordó que cuando entraron en 2013 a sus tierras se dieron cuenta que había una ciudad pequeña con hospitales, oficinas, cajeros automáticos. Señaló que existía una ciudad de primer mundo ahí estaba en medio del desierto. Tenían medio ejército custodiándolos y a parte su seguridad privada. Y agregó:
“Era bastante grande el contingente que policial que tenían ahí en las tierras nuestras. Una vez que tenemos acceso nosotros y que vemos el daño, demandamos a la minera nuevamente. Ahí sí ya le estamos denunciando daño, perjuicios y la devolución del oro porque para nosotros fue ilegal su ocupación, como se demostró en los juicios que se sustanciaron”.
A mis nueve lectores les digo que la minera de los Bailleres volvió a ingresar de manera ilegal en el ejido en el 2019 y finalmente en 2020 lograron expulsarla. Los ejidatarios desde entonces han solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador la ejecución de las 67 sentencias a su favor. Pero hasta la fecha no han recibido el apoyo, vaya ni siquiera una respuesta.
Lo AGRIDULCE de todo esto es darnos cuenta como todavía en este gobierno, como ocurría con los PRIANISTAS, impera el poder, el dinero y las influencias. Las cosas no cambian, la justicia es a modo y al servicio de los poderosos, se ensañan con los pobres o jodidos, para simular de esa manera que cumplen con su trabajo, cuando en realidad cumplen las ordenes de los dueños de México, esas pocas familias multimillonarias que por décadas han saqueado la riqueza nacional apoyados por funcionarios corruptos y voraces.
Al final, la lucha de los ejidatarios de «El Bajío», ejemplifica la realidad que se vive a diario en muchas otras regiones del país, se abusa de los pobres y se privilegia al rico, a ellos hasta se les protege con el Ejército y la Guardia Nacional, y a los jodidos se les persigue como viles delincuentes. El mundo al revés en nuestro país.
Hace falta ser solidario con este tipo de causas justas, señalar al gobierno sus corruptelas y evidente complicidad con los verdaderos delincuentes abusivos.
Si ni el Presidente quiere meter las manos para ordenar que se ejecuten en sus términos las 67 sentencias firmes que, por tener razón, ganaron los ejidatarios de El Bajío, deduzcan ustedes las razones de su pasividad manifiesta.
Lo cierto es que el pueblo se cansa de tanta tranza y, sin ser lo deseable, ante la inacción y complicidades del gobierno, llegará el día que el pueblo haga justicia por sus propias manos. O se atiende este caso puntualmente o nos daremos cuenta que la trasformación del país es de dientes para afuera. Aún tenemos esperanza los mexicanos. ¡HE DICHO ¡