-AGRIDULCE: -LA HISTORIA RECIENTE DEL PERÚ NOS PERMITE ENTENDER LOS EMBATES DE LA DERECHA NEOLIBERAL EN CONTRA DEL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO y SU FAMILIA.
AGIDULCE. Expresiones y más.
Por el Mtro. José A. ORDÓÑEZ González.
Conocer la Historia, nos deja como enseñanza, entre otras cosas, no repetir los errores del pasado. En el caso del Perú, nos llevará a entender el porqué del hostigamiento incesante de la derecha neoliberal al actual Presidente Pedro Castillo y a su familia.
Retomando la historia, destacar que el Fujimorismo, en una primera etapa, hasta mediados del segundo Gobierno de Alan García, parecía ser un recuerdo más de la política peruana. Su candidata en 2006, una líder histórica de su movimiento, Martha Chávez, apenas logró el 8% de los votos.
Sin embargo, de allí en adelante, bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, cambió el panorama, y logró el segundo puesto, ajustadamente, en 2011, frente a un candidato claramente opuesto como lo fue Humala.
En 2016 mejoró, quedando nuevamente a muy poco de ganar la Presidencia frente a Kuczynski.
Cabe señalar que hasta 2006, el fujimorismo había repetido las formas y contenidos de los años noventa, pero con Keiko Fujimori de líder se buscó sofisticar su aparato clientelista y aparecer como una mejor continuidad en democracia que sus rivales de derecha.
En ese contexto, el nuevo rostro, sin embargo, se desbarató por la actuación obstruccionista que tuvo su mayoría parlamentaria frente al Gobierno de Kuczynski y su sucesor Vizcarra, así como los casos de corrupción en que se vio envuelta la propia Keiko Fujimori y varios de sus colaboradores, regresando, luego de la disolución de la asamblea legislativa en la que ostentaba la mayoría, a una situación subordinada y de pronóstico reservado en la escena peruana.
Pero lo interesante para destacar, es que la propuesta neoliberal nunca se había presentado directamente en democracia hasta la candidatura de Kuczynski.
Toledo fue quien debía reivindicar a las mayorías de ancestro indígena en el Perú. García provenía de un partido popular, como originalmente había sido el Partido Aprista y su prédica, y si bien más explícito en términos neoliberales, ello no se terminaría de aclarar hasta su ejercicio del Gobierno. Humala, simple y llanamente, cambió de programa y de aliados en poco tiempo, siendo aún hasta hoy un misterio el origen de su traición. Kuczynski es el que, más allá de sus simpatías o antipatías personales, nunca ocultó su programa, pero para ganar necesitó el manejo de la demanda electoral, que fue llevado a cabo de forma exitosa por parte de la derecha neoliberal.
Al respecto, como ya se ha mencionado, en todo este período se ha mantenido un elenco estable de tecnócratas de la derecha neoliberal que han ocupado y se han mantenido en cargos y ministerios, como el Ministerio de Economía y Finanzas, extendiéndose con las sucesivas administraciones para defender sus intereses.
Se trata de las mismas personas, o de sus protegidos, provenientes de los mismos colegios y universidades privadas que van y vuelven de acuerdo con las circunstancias.
La simpatía inicial de la mayoría de la población por el fujimorismo, se logra en primera instancia por el ajuste y la estabilización que permitieron salir de la pesadilla de la hiperinflación.
Sin embargo, siendo este el mantra que repiten la abrumadora mayoría de políticos, empresarios, opinadores y, por supuesto, los tecnócratas, aquí señalamos que este modelo ha sido un fracaso para la mayoría de los peruanos.
Si bien en 30 años de neoliberalismo en Perú, el PIB se ha multiplicado por tres, esta riqueza no ha sido repartida equitativamente. En cuanto a producción de riqueza, en uno de los años exitosos del modelo, en 2012, solo el 12% de la Población Económicamente Activa tenía un trabajo formal.
La democracia peruana tiene un problema con la oposición a la derecha neoliberal. En este sentido, solo ha existido una oposición como alternativa en las elecciones de 2006, 2011 y 2016.
En los dos primeros casos, se trató de la candidatura de Ollanta Humala, quien quedó segundo en 2006 y ganó en 2011; en 2016, fue la candidatura de Verónica Mendoza, que quedó tercera con casi un 20% de los votos y acabó apoyando, por menos malo, a Kuczynski frente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta.
Aunque en todos los casos sacó mayores votaciones la candidatura de Humala, su carácter caudillista y personalista, así como la evolución posterior, nos llevan a afirmar que una candidatura más claramente independiente y alternativa, por el liderazgo desarrollado, el programa presentado y su conducta política, fue la de Verónica Mendoza.
El problema es que ello ha ocurrido justo recientemente, tras un cuarto de siglo de hegemonía neoliberal.
Desde los núcleos opositores, especialmente de la izquierda, ha habido un camino muy difícil por recorrer. La triple crisis de finales de la década de 1980, con el fracaso del primer Gobierno aprista de Alan García que termina en una hiperinflación desenfrenada, la derrota del terrorismo senderista por la vía de la guerra sucia por parte de las Fuerzas Armadas y policiales, así como la división de la Izquierda Unida, produce una hecatombe en las fuerzas de izquierda que enfrentan diezmadas la década de 1990.
Así, el ajuste, el golpe y la nueva Constitución que establece la derecha neoliberal prosiguen sin oposición real alguna. Ello hace de la izquierda una fuerza política subordinada hasta el año 2016. Recién ese año se presenta una alternativa que tiene además la novedad del recambio generacional. Ya no son las mismas caras de la derrota y la resistencia, es una nueva generación portadora de otras sensibilidades que, no sin dificultades, aúnan las reivindicaciones de la antigua izquierda de la justicia social y la soberanía nacional con los derechos de los pueblos originarios, el medio ambiente y la igualdad de género.
La permanencia de los contenidos ideológicos neoliberales en la población, así como la carencia de caminos eficaces para enfrentarlos, quizás sean las mayores dificultades para plantear una alternativa al neoliberalismo en la actualidad.
Sin duda que el Perú atraviesa en la actualidad una crisis de régimen que no presenta solución a la vista, es decir, el arreglo institucional que establece el neoliberalismo para llevar adelante sus políticas en la década de 1990 y sus ajustes posteriores ya no funcionan.
No pasa desapercibido que el escenario es el de todos los expresidentes encausados por corrupción, un Parlamento visto como una institución inservible y un poder judicial en reorganización casi permanente, más allá de las excepciones de algunos parlamentarios, jueces y fiscales probos, lo que hace que la política y el aparato del Estado sean vistos con gran desconfianza por la población.
Destacar por otra parte que la gran diferencia hoy frente a años y décadas anteriores es que la corrupción ha empezado a ser menos tolerada por los ciudadanos.
La corrupción, de esta manera, empieza a ser asociada con la pobreza de los servicios públicos, la falta de un Estado que vele por el interés general y, más todavía, las posibilidades de futuro como país.
El telón de fondo de esta crisis está en la economía, la menor demanda de materias primas, minerales en el caso peruano, por parte del mercado mundial, especialmente de China.
Esta demanda mantuvo un alto crecimiento del PIB en los años de auge, llegando al 8% anual, mientras que en el año anterior a la pandemia había rondado el 2% y, se calcula, que con la crisis del coronavirus el país entrará en una recesión que podría llegar al -14% del PIB.
Los escándalos de corrupción han remecido al país en los últimos cuatro años: todos los expresidentes de la república de la era neoliberal, con excepción de VALENTÍN PANIAGUA, están enjuiciados o presos por delitos relacionados con la financiación de campañas políticas y/o sobornos para la concesión de obras públicas e influencia indebida. Así, todos los gobiernos neoliberales, salvo el de transición, están manchados.
Además, los graves enfrentamientos entre los poderes ejecutivo y legislativo, que han dejado el país sin un norte claro hacia donde avanzar. Este enfrentamiento ha tenido como protagonistas, en un primer momento, a la mayoría fujimorista del Congreso de la República que, aliada al Partido Aprista, trató de bloquear el Gobierno de Kuczynski primero y de Vizcarra después, para acortar su mandato y que su lideresa Keiko Fujimori tuviera una vía más rápida a la Presidencia de la República. Esto mismo sucede ahora con el presidente Pedro Castillo, asediado por ese bloque fujimorista.
Esto parecía concretarse cuando las serias denuncias por corrupción obligaron a Kuczynski a renunciar a la Presidencia en marzo de 2018, siendo sucedido por su vicepresidente Martín Vizcarra quien, para sorpresa de muchos, buscó tomar la iniciativa con un proyecto de reforma política y judicial. Esto dio algunos avances, pero finalmente se entrampó y, en el curso del enfrentamiento con el Congreso, disolvió la asamblea legislativa y convocó a elecciones extraordinarias para completar su período de sesiones. El resultado fue un Congreso más fragmentado.
En este contexto, desde la sociedad civil y la oposición democrática no se han desarrollado opciones consistentes de salida para la situación política. En el período 2018-2019, de enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo, se llevaron a cabo frecuentes movilizaciones ciudadanas contra el control del fujimorismo y el Partido Aprista del Congreso de la República y la oposición obstruccionista que realizaban al Gobierno de Vizcarra, aunque no alcanzaron una masividad que las convirtiera en un factor de crisis importante.
Esto nos deja un conflicto entre dos facciones de la derecha neoliberal, principalmente en las alturas. Por una parte, el fujimorismo venido a menos, con una actuación política en los últimos años que, aunque con nuevas caras, es nuevamente identificado con el actuar mafioso de la década de 1990; y el Partido Aprista, otrora el gran partido nacional popular de la política peruana, devenido en una fuerza neoliberal menor y de futuro incierto.
Ninguna de las dos facciones logra articular un proyecto para el país que no sea el de la repetición de lo anterior, aunque los tecnócratas insisten en la posibilidad de remozar la propuesta económica y entroncarla con la, hoy congelada, reforma política.
Ante este panorama, ¿qué le queda a la derecha peruana? Los sectores más ligados a los grandes propietarios, que expresan con más nitidez su condición de clase, insisten en vender su proyecto oligárquico como el único posible para el conjunto del país, y manifiestan la urgencia de volver al momento anterior de auge neoliberal para salir de los estragos actuales.
Esta propuesta, sin embargo, no repara en el deterioro sufrido por la falta de legitimidad de su dominación, lo que quizás haga imposible una renovación hegemónica en los mismos términos. Así las cosas, la continuidad de unos en el poder solo estará garantizada por la debilidad de los otros, en oposición al manejo oligárquico, para desplazarlos.
Con todo y la fuerza del fujimorismo y de la derecha neoliberal, PEDRO CASTILLO ganó la Presidencia en el 2021. No solamente les ganó a los partidos clones de derecha, sino también al modelo de izquierda implantado desde los 2000.
Una izquierda que, urgida por reconstruirse y apartarse de un pasado ligado a los grupos terroristas, volvió a la escena pública con la bandera del compromiso democrático y la inclusión, pero que, al acceder a los cargos de poder, no persiguió cambios profundos.
Castillo, un novato que encontró la oportunidad de participar en la política a través de la sigla de Perú Libre, el partido del acaso último hombre en el país que cree en la militancia, el médico educado en Cuba Vladimir Cerrón. Aunque su sueño siempre fue encabezar la batalla contra los sectores limeños, de derecha y progresistas desde una identidad «provinciana», Cerrón tuvo que ceder su puesto a Castillo ante la inhabilitación por una condena por corrupción en la región de Junín de la que fue gobernador.
Perú Libre no aspiraba más que a conseguir algunas curules, pero en el país, muchos vieron en el hombre del sombrero a uno como ellos, capaz de entender lo que es la pobreza y la exclusión.
Ya en la segunda vuelta, muchos solamente notaron que no se apellidaba Fujimori. La prensa ha repetido hasta el cansancio que Castillo es títere de Cerrón, pero cada vez es más evidente que ellos persiguen objetivos distintos. A Castillo le interesa convertirse en un político. Cerrón, en cambio, busca desarrollar una estructura política que transforme el país.
Castillo y Cerrón irrumpen en la escena peruana para mover el péndulo de la discusión política del espectro de la derecha y el statu quo hacia el de la izquierda. Su sola presencia obliga a que todos los políticos salgan de sus zonas de confort y discutan qué clase de Estado, de democracia y de política económica quieren defender.
Arrincona a los intelectuales, que hasta ahora vivían llorando la fragilidad de los partidos capitalinos, a que piensen cómo entender a las organizaciones políticas de las provincias.
La remecida a la clase política limeña, sin embargo, no es suficiente para que Castillo y Cerrón puedan tomar conciencia de su rol y deber para con el país. Tampoco parece que tuvieran las herramientas necesarias para hacer un cambio justo.
La izquierda paga el precio de su completa ausencia en la política. Sin renovación de cuerpos y sin militancia, no es capaz de pasar de lo deseable a lo posible.
No hay aquí, como en Bolivia, un Luis Arce que pueda traducir los sueños revolucionarios en una política fiscal responsable y con prioridades claras. Los últimos líderes de izquierda en Perú fueron puestos contra la pared para no cumplir lo que prometieron o se resignaron a trabajar con tecnócratas sin espíritu político, dispuestos a trabajar con cualquier gobierno y, por ello, favorecieron que nada cambiara.
Desde los años 2000, la vida política de la izquierda está sujeta a su promesa de no gobernar con políticas de izquierda. El problema es que, habiendo ganado por un margen mínimo y con el país polarizado, Castillo tiene que actuar rápido y de forma efectiva.
Al mismo tiempo, desde antes de que le impusieran la banda presidencial, Castillo tiene una guillotina con su nombre estampado. Los fantasmas de Pedro Pablo Kuczynski y de Martín Vizcarra que penan por los pasillos del Palacio de Gobierno le recuerdan al nuevo presidente que, sin mayorías, el Congreso no le va a dar tregua.
Ambos ex-presidentes, Kuczynski y Vizcarra, eligieron gabinetes conciliadores de centro y hasta cedieron secretarias de estado a la derecha a cambio de su supervivencia. Ambos fueron destituidos.
Con todos estos peligros, la nueva izquierda parece no definir su estrategia para asegurar gobernabilidad, no tiene claro si debe optar por la lealtad política o por la eficiencia.
Al presidente Castillo ya en varias ocasiones se le ha pedido que designe a personas menos radicales, con credenciales éticas y más preparadas. La solicitud, que más parece ultimátum porque llega con la amenaza de destitución bajo la manga. Se lo reclaman los partidos y políticos que llevaron al Congreso a pastores evangélicos que llamaban a la lapidación de las mujeres lesbianas, a viceministros hoy presos por malversación de fondos y a jóvenes ministros con el único mérito de ser el mejor amigo del hijo del empoderado. No queda claro si lo que les molesta es la insolvencia profesional o el hecho de no haber sido invitados al festín.
Destacar por otra parte que otros sectores más centristas le piden además al nuevo presidente que traicione a su partido y pase a un proceso de ollantización; es decir, que siga el camino del ex-presidente Ollanta Humala, que reniegue de todo lo que dijo que haría y deje las cosas como están.
Resulta claro que un gobierno estático está condenado a padecer la pérdida de credibilidad y la fuga de capitales. Peor aún, mantener la inercia equivale a crear un caldo de cultivo para la emergencia de líderes más radicales.
Ante la poca o nula representación de los partidos, en el Perú, se ha creado un sistema de relación directa entre el Poder Ejecutivo y la ciudadanía, en el que esta última es quien ejerce contrapesos para apoyar a presidentes que percibe como reformistas.
Por ello, el presidente Castillo tiene el deber de enmendar sus objetivos políticos no para complacer a una clase política que va a petardear su gobierno sin importar sus decisiones, sino para ser consecuente con lo que los peruanos vienen reclamando y, por lo tanto, para convertirse en su representante.
Esto es, ampliar la presencia del Estado en todo el país y construir una institucionalidad que otorgue mayor presencia a los intereses de los sectores hasta ahora excluidos.
Por el contrario, trabajar con la misma gente acostumbrada a negocios turbios o antiderechos o caer ante el nepotismo le quitará la calle y lo dejará solo ante una oposición que sabe que el caos en el país le devuelve sus cuotas de poder.
Castillo no es Evo Morales ni Luiz Inácio Lula da Silva, no viene empoderado por los movimientos sociales ni respaldado por los trabajadores organizados. Mucho menos tiene la experiencia política que ambos poseían al momento de llegar al poder.
Sin embargo, los orígenes y la piel de Castillo lo colocan en un lugar único para mostrarle a una sociedad en la que se diseñan edificios con ascensores aparte para que los jodidos no compartan espacio con sus patrones que todavía podemos perseguir el sueño de ser iguales.
A mis nueve lectores les digo que, en concreto, el presidente PEDRO CASTILLO, tiene un capital social que debería traducirse en la creación de puentes de comunicación con un sector marginado que le permitan al Estado escuchar demandas, prevenir conflictos e implementar soluciones que vengan de los propios afectados por la política. Tiene una oportunidad para llevar a esta gente a ser parte de las reglas del Estado.
AGRIDULCE resulta destacar que el nuevo gobierno tiene también el mandato de que la política sirva para legitimar el papel de las instituciones.
Esto significa asimismo hacer ver que estas instituciones pueden estar al servicio de todos; pueden dar seguridad jurídica a los medianos y microempresarios, promover salud de calidad, fiscalizar y sancionar.
Aunque a varios los incomode, promover la legitimidad de las instituciones pasa por hacer ver que ni la elite, ni la prensa y mucho menos el jefe de un partido está por encima de la ley y de un Presidente legítimo elegido por el pueblo a través el sufragio. ¡HE DICHO ¡