-JULIO SHERER IBARRA, DE CONSEJERO JURÍDICO A INDICIADO EN LA FGR.
-INVOLUCRADO EN ESCÁNDALOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y EXTORSIÓN.
(SEGUNDA PARTE)
AGRIDULCE. Expresiones y más.
Por el Mtro. José A. ORDOÑEZ González.
En la Columna AGRIDULCE del día de ayer, referimos que la Fiscalía General de la República investiga a integrantes de nueve despachos jurídicos y al ex consejero jurídico del Ejecutivo federal Julio Scherer Ibarra, por presuntos actos de corrupción, extorsión, lavado de dinero y tráfico de influencias, como parte de una presunta red delictiva que operaba con el abogado Juan Antonio Araujo Rivapalacio.
Se trata de uno de los grandes escándalos de corrupción de este sexenio donde la figura principal es el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra
AGRIDULCE expone datos y hechos en torno a este tema de corrupción documentado solo en la SCT, relacionado con los delitos que se le atribuyen al ex Consejero Jurídico de la Presidencia y a un buen número de abogados con los que se le vincula, en esa red de corrupción que tejió al amparo de la posición que ocupaba.
-Se destaca que entre 2019 y 2020, tanto la SCT como la FGR iniciaron procedimientos para sancionar a funcionarios del gobierno del Estado de México, por haber otorgado a un privado una concesión sobre una vía federal, la autopista México-Querétaro, lo que viola, al menos, cuatro leyes y reglamentos federales.
-Por esa razón, el 6 de marzo de 2020, la SCT, bajo el mando de Javier Jiménez Espriú, inició un procedimiento de sanción en contra del gobierno del Estado de México por posibles violaciones a las leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de Bienes Nacionales, y de Vías Generales de Comunicación, así como al reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales.
-Cabe mencionar que todas estas leyes establecen que es facultad exclusiva del gobierno federal, y no de los estados, otorgar concesiones sobre las vías generales de comunicación. Compete a la federación ventilar ese tema.
-En este caso, el responsable de iniciar el procedimiento de sanción fue Carlos Francisco Sánchez Valencia, quien era titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT con Jiménez Espriú.
-Durante la investigación administrativa, el 26 de agosto de 2020, el gobierno del Estado de México respondió a la SCT que el proceso de sanción no tenía justificación porque, en 1983, la Federación le entregó al gobierno estatal el tramo Toreo-Tepalcapa de la autopista México-Querétaro, lo que implicó la asunción por parte del Estado de México de facultades que correspondían a la Federación, y que la entrega constituye un poder jurídico y de hecho más amplio que el que derivaría de una concesión.
-Ese argumento utilizado por el gobierno del estado de México, no correspondía a la realidad, ya que lo que se le otorgó al gobierno mexiquense fue el ramal Ceylán-Vallejo, y no todo el tramo Toreo-Tepalcapa, de acuerdo con el acta de entrega, que forma parte del expediente de la FGR.
-Sin existir justificación legal para ello, de manera sorpresiva, el 1 de octubre, la propia SCT se desistió de su proceso sancionatorio. Y más aún, elaboró un nuevo acuerdo en el que, negando sus propios alegatos previos, reconoció la validez y legalidad del título de concesión otorgado por el Gobierno mexiquense en 2008 a OHL para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario.
-Como consecuencia de la celebración de ese convenio que, validó el Viaducto Bicentenario desde la SCT, archivó una carpeta de investigación que había iniciado la FGR desde 2019 por presuntos hechos de corrupción en la concesión a OHL o Aleática.
-Sin embargo, durante más de seis meses de investigaciones, la FGR reunió, entre otras evidencias, los oficios en los que la SCT negaba que existiera concesión alguna que validara la explotación de una vía federal por parte de una empresa privada.
-Lo más importante en este asunto es que la Fiscalía buscaba que se retirara la concesión ilegal a OHL o Aleática, sin indemnización, conforme la Ley General de Bienes Nacionales.
-Para proceder a judicializar la carpeta de investigación, la FGR solo esperaba la resolución del procedimiento de sanción de la SCT para integrarla al expediente. Solo que, la irrupción de la pandemia sanitaria detuvo por meses tanto el procedimiento administrativo como el penal.
-El convenio sacado al vapor, que convalidó la concesión irregular a OHL o Aleática, dejaba sin materia la posible comisión de un delito de servidores públicos, por lo que el caso no pudo ser enviado ante un juez de control.
-Aunque la carpeta solo se archivó temporalmente, las investigaciones quedaron paralizadas durante más de un año hasta que, en octubre del año pasado, el expediente fue atraído por la Fiscalía encabezada por Juan Ramos, luego de que se comenzó a documentar la existencia de un posible tráfico de influencias en torno a este y otros casos donde salía a relucir la probable participación del ex Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Sherer Ibarra.
-En julio de 2020, Javier Jiménez Espriú renunció de la SCT. En su lugar fue designado Jorge Arganis Díaz, quien mantuvo en su cargo al director jurídico Carlos Sánchez Valencia, quien trabajó para el anterior titular.
-Aprovechando que el 10 de septiembre, Arganis enfermó de COVID-19 y fue hospitalizado, en su ausencia, hubo una sustitución en la Unidad de Asuntos Jurídicos, ya que Sánchez Valencia presentó su renuncia el 15 de septiembre, e inmediatamente, al día siguiente, Julio Scherer designó en ese puesto a Román García Álvarez.
-Llama la atención que, de ahí García Álvarez se volvió asesor jurídico de la única dependencia federal facultada para otorgar concesiones de explotación de vías generales de comunicación.
-El vínculo entre Román García Álvarez y Julio Scherer, se remonta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, donde ambos trabajaron.
-Días después, al asumir la titularidad de la Consejería Jurídica, Scherer designó a su amigo Verguer Cazadero como director general de Control Constitucional; como jefe de éste nombró a Raúl Mario Segovia Barrios, socio de un despacho con el que Scherer tiene vínculos familiares.
-No es casualidad que los tres funcionarios tuvieron facultades para elaborar el acuerdo del 14 de diciembre de 2018 que le permitió a Scherer designar a los titulares de las unidades de asuntos jurídicos de todas las dependencias federales.
-Con base en ese acuerdo, en septiembre de 2020, Román García Álvarez, un ex subordinado de Verguer Cazadero, fue colocado en la SCT, posición desde la que se frenó una indagatoria sobre la concesión del Viaducto Bicentenario a Aleática.
-Resulta interesante saber que en la carpeta de investigación de la FGR iniciada a partir de la denuncia presentada por Paulo Díez, se establece que Julio Scherer encabezó una presunta red de servidores públicos y abogados particulares que operaron para favorecer a Aleática. Esto con la finalidad de obtener beneficios económicos ilegales en detrimento de millonarias pérdidas para el Estado.
-Otra de las cosas que salió a relucir, es que algunos de los integrantes de esta red como Raúl Mauricio Segovia Barrios, Mario Iván Verguer Cazadero y Román García Álvarez, fueron nombrados por Scherer Ibarra para ocupar cargos importantes en la administración pública, desde los cuales podrían influir indebidamente en asuntos de máximo interés nacional en favor de uno o varios particulares, como al final ocurrió con OHL o Aleática.
-Ahora se conoce que el presunto esquema delictivo investigado por la FGR estaba compuesto de dos partes.
Por un lado, los funcionarios ya referidos que actuaron para favorecer a la empresa, en este caso OHL o Aleática, con actos de autoridad que le permitieron seguir explotando concesiones como la de Viaducto Bicentenario.
-Y por otra parte, los despachos de abogados y de asesores financieros contratados por la propia empresa OHL o Aleática, eran cercanos a Scherer, los cuales recibieron las ganancias económicas por las gestiones en las que resultó favorecida esa compañía.
-Según reportes de la FGR, entre esos abogados involucrados en esa red de corrupción, tráfico de influencias y extorsión, se encuentran Juan Antonio Araujo Rivapalacio, Alonso Rivera Gaxiola, Rodrigo Lagos Scherer y Pedro Scherer Ibarra, estos dos últimos familiares del exconsejero jurídico de la presidencia.
AGRIDULCE resulta enterarnos que más allá de los beneficios particulares obtenidos por OHL o Aleática y los implicados en la red de corrupción encabezada por Julio Sherer Ibarra, el mayor detrimento es para nuestro país, pues se sigue permitiendo a esa empresa cobrar una cuota por circular en una autopista cuya concesión no le pertenece.
De acreditarse los delitos imputados, duele saber que tan solo entre junio de 2009 a junio de 2020, según lo asentado en la indagatoria, OHL o Aleática habría cobrado 6 mil 934 millones de pesos por concepto de peajes en dicho viaducto, más lo que se siga acumulando, todo gracias a las gestiones que a favor de esa empresa llevó a cabo Sherer Ibarra en contubernio con los abogados mencionados, traicionando al Presidente y al pueblo de México.
A mis cuatro lectores os digo: “El enemigo no es aquel que tienes delante con la espada en la mano, es el que está a tu lado con el puñal en la espalda”. No debemos odiar al traidor, porque al final es el perdedor de una de las virtudes mas elevadas que la raza humana posee, la lealtad. ¡HE DICHO ¡
-Enlaces relacionados con la columna AGRIDULCE del 11 de febrero de 2022.-
https://enfoquenoticias.com.mx/denuncian-a-julio-scherer-exconsejero-juridico-de-amlo-por-presunto-trafico-de-influencias/
https://aristeguinoticias.com/0802/mexico/scherer-formo-una-red-de-corrupcion-y-de-extorsion-para-beneficiarse-diez-gargari/
https://www.etcetera.com.mx/nacional/acusan-cuatro-abogados-extorsion-nexos-scherer/
https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/acusan-a-scherer-de-crear-red-de-corrupcion-fue-consejero-juridico-de-presidencia/