-CON LA REFORMA ELECTORAL, NO MÁS DINERO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
La iniciativa de reforma electoral pretende cancelar las prerrogativas para el gasto ordinario de los partidos políticos, preservando únicamente los recursos destinados al financiamiento de campaña.
Para ello, se buscarán mecanismos para tener mayores controles de los apoyos privados que reciban los institutos políticos.
Lo que provoca mayor indignación en la opinión pública, es la millonaria cantidad de recursos del erario que año con año son entregados a los partidos políticos nacionales y locales para el sostenimiento de sus estructuras y la obtención del voto.
Anualmente se destinan 11 mil millones de pesos para financiar las estructuras burocráticas partidistas.
La reforma electoral reconoce que el financiamiento de las campañas partidistas es un requisito indispensable para garantizar la democracia y pluralidad, pero no es el caso de los recursos que se destinan al financiamiento ordinario.
En ese sentido, la legitimidad del sistema de partidos se sustenta en que estos cuenten con el apoyo social para desarrollar sus propuestas.
Pablo Gómez, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que los partidos deben existir legalmente sólo con base en el voto popular que obtengan y las candidaturas independientes deben tener la suficiente cobertura para su existencia y representar a sus votantes en los órganos del poder al igual que los partidos políticos.
Cabe señalar que, con la cancelación de los recursos para el gasto ordinario, se pretende obligar a los partidos políticos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante la captación de aportaciones estrictamente vigiladas.
En el origen, este financiamiento para gasto ordinario surgió para evitar que el partido en el poder recibiera recursos directamente del presupuesto público generando una inequidad en la operación de los partidos.
El ex representante ante el Instituto Nacional Electoral de Morena, Horacio Duarte, encargado de elaborar el proyecto de reforma electoral, subrayó que la propuesta pretende modificar 18 artículos constitucionales y contiene siete artículos transitorios.