-SALE A RELUCIR MÓVIL DEL ASESINATO DE DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD “LA SALLE”
Se trata del cobro de un seguro de vida de 3 millones de pesos y una pensión vitalicia de 80 mil pesos, lo que podría ser el móvil del asesinato de Enrique «N», subdirector de la Universidad La Salle, perpetrado por su esposa y el amante.
En este caso, con los datos de prueba recabados se establece que Areli, la esposa del directivo de la universidad privada, le pidió a su amante Oscar, matar al padre de sus hijos.
De esta forma ella cobraría un seguro de 3 millones de pesos y una pensión vitalicia de 80 mil pesos mensuales.
En un primer momento, al ser requerida, Areli declaró que su esposo nunca había llegado a su casa, sin embargo, las evidencias de los registros telefónicos de Enrique, el análisis de GPS, las cámaras de seguridad y los testimonios recabados, revelaron que el hombre llegó a su casa en la camioneta a las 8:20 de la noche del lunes. Y a las 9:40 de la noche su camioneta salió de su domicilio.
Enrique habría sido asesinado con un balazo en la cabeza, lo metieron en la cajuela de su propia camioneta y lo llevaron a calles de Miguel Hidalgo para ahí abandonarlo; todo lo anterior, de acuerdo con las investigaciones practicadas por la autoridad.
La versión de la esposa se vino abajo, ya que través del análisis de las cámaras de videovigilancia, la recopilación de datos y diversas acciones de vigilancias fijas y móviles, se identificó un vehículo color gris en el que, al parecer, huyeron los probables responsables tras abandonar del cuerpo, al que se dio seguimiento por calles y colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo, el municipio de Naucalpan en el Estado de México y su llegada a un inmueble en la alcaldía Tlalpan.
Cabe destacar que un operativo realizado de manera simultánea en la alcaldía Tlalpan, fueron detenidas dos personas el 10 de agosto pasado, una mujer identificada como esposa del occiso y un hombre señalado como pareja sentimental y extramarital de la detenida, a quienes se les hizo de conocimiento la orden de aprehensión en su contra y sus derechos de ley, previo a su traslado a los centros de reclusión correspondientes donde quedaron a disposición de la autoridad que los requiere.