• Mié. Sep 18th, 2024

SUSPENDEN JUICIO ORAL EN EL CASO DE FEBO TRUJEQUE Y 7 IMPUTADOS MÁS, POR QUEBRANTO DE 800 MILLONES EN PERJUICIO DEL ISSSTE.

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-SUSPENDEN JUICIO PENAL QUE SE SIGUE A JOSE FEBO TRUJEQUE  Y SIETE IMPUTADOS MÁS ACUSADOS DE CAUSAR UN  DAÑO PATRIMONIAL AL ISSSTE POR 800 MILLONES.

José Febo Trujeque, ex director jurídico del ISSSTE, acusado de haber colocado en valores bursátiles más de 800 millones de pesos del organismo para el que laboraba, consiguió que dos jueces federales le concedieran el beneficio de que su proceso penal se suspenda hasta que determinen si fue legal el auto de vinculación a proceso que le fue dictado en abril pasado.

Consecuentemente no se podrá realizar la etapa de juicio oral hasta que los jueces de amparo determinen la legalidad de la resolución por la cual se encuentra sujeto a proceso penal.

Recordar en este caso que Febo Trujeque y siete empleados y ex empleados del ISSSTE se encuentran sujetos a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades; todos ellos enfrentan el proceso penal en libertad.

Cabe señalar que, a través de dos juicios de amparo, todos los imputados consiguieron la protección de la justicia federal que impide por tiempo indefinido que siga su juicio, hasta que se resuelva si se confirma o no el auto de vinculación a proceso.

Por esa razón, la causa penal instruida en contra de los imputados que en 2019 participaron en un fraude por más de 831 millones de pesos, relacionados con la adquisición de equipo médico y material de curación, permanecerá en suspenso.

Fue Jens Pedro Lohmann Iturburu, directivo del ISSSTE, quien, en marzo del año 2021, presentó una denuncia y reportó que servidores públicos participaron en un esquema mediante el cual el organismo liquidó de manera irregular facturas que ya habían sido devengadas.

Un juez de control vinculó a proceso penal a los José Febo Trujeque y los otros siete  involucrados en el pago indebido a la empresa Selecciones Médicas del Centro, SA de CV.

Los imputados quedan a disposición de los jueces de amparo y el proceso sólo continuará hasta que la autoridad jurisdiccional federal determinen si la resolución emitida por el juez de control estuvo apegada a derecho.

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