AMLO: CON EL ACUERDO PRESIDENCIAL RESPONDE IGUAL A LA MAFIA DEL PODER.
-AGUA DE SU PROPIO CHOCOLATE.
AGRIDULCE. Expresiones y más.
Por el Mtro. José A. ORDÓÑEZ González.
Conforme a lo señalado en el Acuerdo emitido por el Presidente de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 22 de noviembre del actual, se declaran de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, en los sectores de Comunicaciones, Telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, salud, vías férreas, ferrocarriles, energético, puertos, aeropuertos entre otros.
Los grandes opositores de la 4T, (léase PRI, PAN, PRD, ex Presidentes, Empresarios y servidores públicos que durante décadas fueron beneficiados económica y políticamente y que conforman lo que AMLO llama la MAFIA DEL PODER), inundan con publicaciones en los medios tradicionales que curiosamente les apoyan, aduciendo temas de trasparencia de la aplicación correcta y eficiente de los recursos públicos.
Como si en la época en la que gozaron de tantos privilegios ese grupo tenebroso hubiera dado muestras de trasparencia, honestidad e integridad al respecto. Opacidad y corrupción fueron el sello que los distinguió y, que por sus acciones el país estaba al bordo del colapso, al entregar la riqueza nacional a unos cuantos y repartírsela entre ellos.
¿Cuál es el objetivo real del acuerdo, emitido por el presidente López Obrador?
Al repasar los tres años del gobierno de la 4T, observamos que está plagado de piedras en el camino y obstáculos legaloides que ese grupo o mafia del poder, interpone ante cualquier avance significativo del gobierno. Las obras magnas son lo que hace trascender a los gobernantes, como el Tren Maya, la Refinería de Dos bocas y el Aeropuerto Santa Lucia.
Realizando un análisis de ambas posturas, las del gobierno en turno y aquella que asume ese grupo opositor, se desprende que el principal objetivo de AMLO, es impedir que los jueces detengan las grandes obras de la administración federal con objeciones de impacto ambiental o aduciendo violación de presuntos derechos de terceros o bajo cualquier otro argumento.
Claro que, al clasificarlas como proyectos de seguridad nacional, el Presidente exentó a estas obras de la normatividad exigida en materia de transparencia y de muchas otras obligaciones administrativas, por eso la critica en ese sentido de aquellos que sirven a bloque opositor, desplegando acciones que intentan desprestigiar todo lo que hace el gobierno federal; y, más tratándose de estas mega obras.
El acuerdo presidencial publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación, fue señalado por el grupo que encabeza Claudio X. González, de arbitrario y autoritario, al grado de equipararlo a dar un golpe de Estado para colocar al gobierno por encima de la ley, aduciendo en lo principal temas de trasparencia en la aplicación de los recursos públicos principalmente.
Si bien es cierto, la medida del gobierno en términos legales no es la más apropiada, lo que pretende al final López Obrador es ganar tiempo.
En la revisión de la agenda gubernamental le queda claro que la cuenta regresiva ya no acepta más amparos o litigios que puedan paralizar las obras.
El camino idóneo, pero ciertamente el más tortuoso y largo, era reformar las leyes y a la Constitución; y, el más corto en efecto es hacerse como se hizo, través de un acuerdo administrativo.
El Presidente y su gabinete se decantaron por el acuerdo, la vía exprés, a sabiendas que pueden venir reclamos jurídicos, pero por lo pronto, como el tiempo apremia, mientras se resuelvan en los Tribunales esas inconformidades, ya se habrá avanzado en la concretización de esas obras.
Las argucias legales se las han aplicado al gobierno de la 4T, y le ha tocado bregar en ese camino lleno de vicisitudes, ahora se invierten las formas, con el decreto recién emitido por del Presidente.
Les duele a los de la opción que les apliquen los medios y mañas que ellos mismos han utilizado para frenar los avances de esas magnas obras, bajo pretextos de toda índole, que saben no se sostienen ante la autoridad judicial, pero lo hacen para retrasar el desarrollo de las mismas.
De esta forma, AMLO les ha dado agua de su propio chocolate.
Sin duda alguna cada quien está en su derecho de utilizar la ley para impulsar sus intereses políticos. Las formas pueden ser cuestionables, pero al final, se vale y permite para las partes involucradas.
Con las argucias hechas valer por el grupo opositor, hemos visto como jueces a modo o simplemente acatando la ley, con sus determinaciones han paralizado y por ende retrasado distintas acciones del gobierno federal, por lo que, en estos tres años, las obras magnas avanzan, pero no como deberían.
Con el acuerdo presidencial se favorece el avance de esos mega proyectos, con el riesgo que significa el no permitir al ciudadano participar en los asuntos públicos, por no tener acceso a la información respecto a la aplicación de los recursos públicos en esas obras, pero sin duda alguna darán pauta para lograr una avance significativo, inclusive la culminación de esas obras en esta segunda etapa del sexenio.
Vendrán las reclamaciones de la oposición, aquellas que se enderecen legalmente serán resultas por los tribunales.
Ven la basura en el ojo ajeno, ahora que se las aplican ya no festejan y alardean como acostumbran, se quedan con lo AGRIDULCE que les provoca el tema.
Sea ético o no la acción del gobierno federal, lo cierto es que como dice el refrán: “Palo dado ni dios lo quita”. ¡He dicho ¡
**Enlace relacionado con la columna AGRIDULCE de 25-nov-2021:**
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021