SAT: PROPUESTA DE GRAVAR DONATIVOS POR ABUSO.
En su comparecencia en el Senado, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, aclaró que los límites a los beneficios fiscales por donativos sólo afectan a una minoría que ha abusado del esquema, en particular a siete integrantes de una o dos familias que en los últimos años han deducido entre 170 y 340 millones de pesos, pero los recursos donados no los destinan a organizaciones filantrópicas, sino a sus propias fundaciones, lo que significa un abuso.
La funcionaria del SAT resaltó, esas asociaciones abusivas deducen más de lo que aportan y debido a ello, en las deducciones fiscales de 2020 se inventaron 732 millones de pesos adicionales. De ese tamaño son los abusos que comete esa minoría.
En reunión de trabajo con integrantes de las comisiones del Senado que dictaminan la minuta de Ley de Ingresos y miscelánea fiscal del próximo año, y ante preguntas de legisladores del PAN y PRI, Buenrostro aclaró que, de los 10 mil donantes registrados, únicamente unas 50 personas físicas, directores de fundaciones en su mayoría, verán afectados sus ingresos. Del universo de contribuyentes representan una minoría.
Dijo que los que se quejan son esos pocos, entre ellos situó a los siete personajes que donan millones, pero no se los dieron a las mujeres maltratadas, no se los dieron a Cáritas, sino fueron directamente a sus fundaciones familiares.
La funcionaria hacendaria no hizo públicos los nombres refiriendo que se lo impide el secreto fiscal. Propiamente no es defraudación, dijo, pero sí un abuso que no debe tolerarse más, máxime que son unos cuantos los que han cometido esos actos inmorales.
Con motivo de la reunión de trabajo que sostuvo con senadores, enfatizó que se busca robustecer el combate a la elusión y la evasión tributaria, en un país donde prevalece la cultura de no pago de los impuestos y 30 millones de registros de contribuyentes presentan irregularidades. Ese es el tamaño de la evasión en México.
Por otra parte, explicó que la obligación de registrarse como contribuyentes al cumplir 18 años tiene una doble intención: 1.- Hacer conscientes a los jóvenes de que están obligados a cumplir con su país; y, 2.- Declarar los ingresos que reciben y protegerlos de robos de identidad, incluso de la delincuencia organizada, sin que estén siquiera enterados. Esa es la real intención de la propuesta.
Y siendo más explícita manifestó a los legisladores que con esa nueva medida permitirá que, si alguien usa su RFC o lo dan de alta como representante legal de una empresa u otra anomalía, reciba una alerta o le llegue un aviso, como hacen los bancos. Prevenir ese tipo de actos ilícitos.
Los senadoras de PRI y PAN presentes en esa reunión, insistieron en que las nuevas medidas se inscriben en un marco de terrorismo fiscal, propio de regímenes autoritarios.
Al responder a los legisladores de oposición, la titular del SAT advirtió que había un abuso del lenguaje; así tenemos que no se habla de terrorismo educativo por hacer exámenes a los alumnos o de terrorismo penal por encarcelar a los delincuentes, tampoco se debe señalar de terrorismo fiscal hacer que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias. Es cumplirle a su país.
También mencionó la responsabilidad fiscal a los contadores que no informen sobre esquemas de elusión fiscal. Se trata, detalló, de desmontar los grandes despachos dedicados a defraudar tanto al fisco como a los grandes contribuyentes, que tanto daño han causado al país, en épocas pasadas.
Estuvieron presentes en esa reunión de trabajo celebrada el día viernes, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, y el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, quienes coincidieron en que la miscelánea fiscal está orientada a crear una nueva cultura tributaria que erradique la impunidad, en beneficio de la nación.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que la minuta con el paquete fiscal se discutirá el próximo martes en el pleno del Senado.
Cabe señalar que la modificación propuesta el 8 de septiembre de 2021 por el Ejecutivo federal implica la limitación de los donativos de personas físicas a donatarias autorizadas, por la cantidad resultante menor a cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir 163 mil 467 pesos o 15 por ciento del total de ingresos del contribuyente, incluyendo los ingresos por los que no se pague impuestos.
Los legisladores estimaron que, de aprobarse estas modificaciones, implicarían una afectación a más de cinco mil organizaciones donatarias, constituidas por un total de 8 mil 221 millones 294 mil 801 pesos, perjudicando acciones de asistencia jurídica, orientación en problemáticas de maltrato y violencia, apoyo a personas con discapacidad y servicios médicos, atención a procesos educativos de niñas, niños y adolescentes, ayuda en sus tratamientos médicos y hospitalarios, así como apoyo en albergues y casas hogar.
En el mismo tenor manifestaron su preocupación por la afectación que pueden tener personas en condición de discapacidad y las mujeres.
Al final, corresponderá al Congreso de la Unión, a la cámara de Senadores y Diputados, determinar sobre la aprobación o no de dicha reforma fiscal.